ALERTAS TEMPRANAS
Las Alertas Tempranas sirven para anticipar dinámicas de conflicto que pueden tornarse violentas. Aportan al debate público ideando estrategias oportunas y prácticas para transformar contextos de conflictividad. Sirven de insumos claves para construir políticas públicas con efectividad.
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Noboa contrata a Erik Prince y abraza el capitalismo mafioso que promueve Trump.
Alerta temprana
¿Qué es lo nuevo? El 18 de julio del 2025 Erik Prince llegó al Ecuador para iniciar su trabajo como contratista de seguridad para el gobierno de Daniel Noboa (EFE, 2025). En marzo, durante su primera visita al Ecuador, el presidente Noboa habló de una “alianza estratégica” con Prince para enfrentar al “narcoterrorismo” (Primicias, 2025). Luego, como parte de la campaña electoral, Prince participó en dos operativos antidelincuenciales en el suburbio de Guayaquil, junto a los ministros de Defensa y del Interior, reforzando la idea de que su trabajo como asesor de seguridad ya estaba en marcha (Verdezoto, 2025). Pero no fue cierto. Su contratación solo fue posible tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Inteligencia que entró en vigor el 14 de julio. Esta ley permite el uso discrecional de “fondos especiales” para pagar a especuladores de la guerra como Prince, sin rendirle cuentas a nadie.
¿Por qué es importante? La sombría trayectoria de Erik Prince en más de 30 países donde ha realizado operaciones al servicio de regímenes oligárquicos y autoritarios en todo el mundo, lo cualifican como un operador del capitalismo mafioso; aquel que se promueve desde la administración Trump al unísono con los gobiernos de extrema-derecha en Europa y América Latina. En este contexto, la contratación de Erik Prince deja entrever tres escenarios probables para Ecuador: Primero, que su actuación se restrinja a un acompañamiento en el diseño táctico-operacional de un plan de guerra para el «Bloque de Seguridad» a cambio de millonarios honorarios, como lo hizo en varios países africanos durante años. Segundo, que reclute y constituya un ejército privado, “escuadrones de la muerte” o milicias paramilitares para ejecutar tácticas de “guerra sucia”, como lo hizo en Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Somalia y lo está haciendo en Haití. Tercero, que la presencia de Prince sea parte de un acuerdo más amplio de “minerales–por–seguridad” con la Administración Trump, como el que está en marcha en la República Democrática del Congo.
¿Qué debe hacerse? El gobierno nacional no tiene incentivos institucionales ni presión social para cambiar de postura. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones que hagan posible exigirle un giro de timón al gobierno. Por un lado, la Corte Constitucional debe acelerar el análisis de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, para declarar su inconstitucionalidad. Por otro, las organizaciones políticas, sociales y comunitarias deben adoptar estrategias de acción colectiva consistentes, con tácticas de lucha no violenta y un claro programa democrático para frenar la afrenta despótica de Daniel Noboa.Comparte en redes:
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El ADN despótico de la “Ley de Inteligencia” que impulsa la Asamblea de Noboa.
Alerta temprana
¿Qué es lo nuevo? La Asamblea Nacional controlada por Daniel Noboa aprobará en los próximos días la “Ley Orgánica de Inteligencia”. Entre las novedades positivas, el proyecto de ley amplia el espectro de la comunidad de inteligencia mucho más allá de los subsistemas policial y militar ya existentes. Esto puede facilitar el cruce de información para el mapeo de actividades del crimen organizado transnacional. El problema es que lo hace sin controles institucionales de carácter democrático, convirtiéndola en una ley de vigilancia masiva. Además, blinda el manejo de los “gastos especiales” para actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia. A futuro, ninguna autoridad podrá fiscalizar y controlar el uso de esos recursos. La Ley de Inteligencia tiene un ADN claramente despótico.
¿Por qué es importante? La inminente aprobación de esta ley eliminaría los diques institucionales construidos para evitar los abusos desde el poder político. La experiencia reciente del Ecuador muestra el grave riesgo que implica incrementar la capacidad de la comunidad de inteligencia cuando operan al servicio de liderazgos autoritarios y redes criminales. El enjuiciamiento y condena a varios funcionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, que delinquieron durante el gobierno de Rafael Correa, son una muestra. La participación criminal de personal de inteligencia militar en la red de captación ilegal de dinero “Big Money”, detectada en junio de 2021, es un ejemplo más reciente. Y la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso encubrió la investigación del caso «León de Troya» que implicaba a su círculo cercano y varios oficiales de policía con la mafia albanesa, muestran hasta qué punto los servicios de inteligencia pueden ser instrumentalizados por el poder político y criminal.
¿Qué debe hacerse? La Asamblea Nacional debe reformular el proyecto de ley, al menos, en tres sentidos: Uno, incrementando el control político democrático sobre la gestión y los recursos. Dos, recuperando el rol de la fiscalía y la judicatura como entidades de contención del poder punitivo del Estado. Tres, sistematizando cuidadosamente las reglas para ciberinteligencia de tal forma que se brinden garantías ciertas y comprobables de que no habrá vigilancia masiva.
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Noboa vislumbra un escenario de guerra que multiplicará los abusos y las economías criminales
Alerta temprana
¿Qué es lo nuevo? Luego de conseguir el control total en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa envió el proyecto de «Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno», calificándolo como económico urgente para acelerar su aprobación. El título del proyecto es inconsistente con el contenido. En vez de apuntar a las economías criminales, se vislumbra un escenario de guerra sobre la base de supuestos erróneos: no comprende la naturaleza de las amenazas, sobredimensiona la respuesta estatal y, lo más grave, invisibiliza la penetración criminal en el Estado.
¿Por qué es importante? Las instituciones de seguridad del Estado (Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Sistema de Inteligencia, Función Judicial) están permeadas profundamente por el crimen organizado. El problema no son los actores que se corrompen y delinquen, sino un diseño institucional colapsado y la falta de voluntad política para reformarlo. En esas condiciones, permitirle al poder militar y policial actuar discrecionalmente para combatir a los supuestos “Grupos Armados Organizados”, como propone el proyecto de ley, es contraproducente: solo multiplicará los abusos y las economías criminales.
¿Qué debe hacerse? La Asamblea Nacional debería negar este proyecto de ley. En el sector de la seguridad el gobierno nacional debe actuar urgentemente en tres sentidos. Primero, diseñando una política criminal que apunte al control de armas y la desarticulación de las redes del crimen organizado transnacional, que son las que mueven los grandes capitales ilícitos. Segundo, activando una primera fase de reforma militar y policial que permita una depuración sistemática de sus filas y una modernización de procedimientos de supervisión y control externo. Tercero, repensando la política de defensa nacional para recuperar la brújula profesional de las Fuerzas Armadas y evitar su atrofiamiento organizacional.Comparte en redes:
